La OEA pide que Maduro sea denunciado en La Haya por crímenes de lesa humanidad

El informe redactado por los expertos recomienda a Almagro que "invite" a los países miembros de la OEA que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI) a denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la fiscalía del tribunal de La Haya.

"Que haya justicia en Venezuela es el objetivo único que persigue este informe", dijo el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él es uno de los tres expertos que realizaron la investigación. Los otros son el costarricense Manuel Ventura Robles y el canadiense Irwin Cotler.

Venezuela puede ser denunciada ante ese tribunal porque es uno de los países que ratificaron el Estatuto de Roma, con el que nació la Corte. Pero la OEA como institución no puede presentar una denuncia que abra una investigación de la fiscalía en La Haya. Para que eso ocurriera, la denuncia tendría que provenir de al menos un país que haya ratificado el tratado fundacional de la corte. De los 34 miembros de la OEA, el Estatuto de Roma lo ratificaron otros 27, además de Venezuela.

Nunca en los 15 años que lleva funcionando la Corte un Estado ha denunciado a otro, por lo que la denuncia contra el gobierno de Maduro sería histórica.

El informe, de 400 páginas más otras 400 de anexos, documenta entre otras cosas 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 289 casos de tortura, 192 de violencia sexual, así como detenciones arbitrarias que en casos llevaron a "desapariciones forzosas".

"Que haya justicia en Venezuela es el objetivo único que persigue este informe", proclamó el argentino Cantón.

Estados Unidos acusó ya la semana pasada a Maduro de "crímenes contra la humanidad" a través del principal asesor de Donald Trump para América Latina. Pero el país norteamericano no puede denunciar al gobierno chavista a La Haya porque no ha ratificado el tratado fundacional de la CPI. La investigación que ha llevado al informe presentado hoy fue una iniciativa de Almagro, uno de los mayores críticos de Maduro en la esfera internacional, y no de la OEA como organización.

La petición de denunciar a Maduro ante la CPI llega en medio de la presión y del creciente aislamiento internacionales del gobierno de Maduro, que se han incrementado tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no reconocidas por gran parte de los miembros de la OEA y por otros actores, como la Unión Europea (UE).

En este contexto, Maduro, reelegido en unos cuestionados comicios el 20 de este mes, anunció ayer que la medida de eliminar tres ceros a la moneda prevista para el 4 de junio se retrasará por lo menos 60 días, tras una solicitud de la banca privada, que advirtió de "riesgos muy grandes" si el cambio no se postergara.

Falta de efectivo

El líder chavista había anunciado en marzo la reconversión monetaria y ordenó imprimir una nueva familia de billetes con el argumento de que facilitarían las transacciones bancarias en un país que sufre desde 2017 una aguda carencia de efectivo. Pero hasta el lunes la medida generaba nerviosismo entre empresas y clientes porque los nuevos "bolívares soberanos" no llegaban aún a los bancos para iniciar las pruebas técnicas previas a la medida.

Venezuela está sumida en una compleja crisis económica y social con una fuerte recesión, una galopante inflación que alcanzó en abril una tasa anualizada de 13.776%, según estimaciones de congresistas opositores, y una creciente escasez de alimentos, medicinas y hasta dinero en efectivo. (APFMercosur)